La energía renovable debe triplicar su ritmo de instalación anual para 2030

En el primer volumen del informe World Energy Transitions Outlook (WETO) 2023, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) identifica el camino a seguir para corregir de inmediato el rumbo climático de 1,5 °C. El informe exige una mayor ambición global en el despliegue renovable, habilitada por las infraestructuras físicas, las políticas y las regulaciones, y destaca las capacidades institucionales y de la fuerza laboral. Así, el informe aboga por que las adiciones anuales de energía renovable se sitúen en 1.000 GW hasta 2030 para mantener el objetivo climático de 1,5 °C al alcance.

 

El informe WETO 2023: 1.5°C Pathway posiciona la electrificación y la eficiencia energética como impulsores clave de la transición energética, habilitados por la energía renovable, el hidrógeno limpio y la biomasa sostenible y rastrea la implementación en todos los sectores energéticos. Según la última edición, se han logrado algunos avances, principalmente en el sector eléctrico con una adición récord de capacidad renovable a nivel global de 300 GW en 2022. Sin embargo, la brecha entre lo que se ha logrado y lo que se requiere sigue creciendo.

Se necesitan objetivos de energía renovable más ambiciosos; el mundo debe agregar un promedio de 1.000 GW de capacidad renovable anualmente para 2030, así como aumentar significativamente el uso directo de energías renovables en los sectores de uso final.

Centrarse en los habilitadores de un sistema dominado por las energías renovables puede ayudar a abordar las barreras estructurales que obstaculizan el progreso en la transición energética. El informe WETO ha identificado que volver al camino de 1,5 °C requiere abordar las siguientes barreras: falta de infraestructura física, ausencia de políticas y regulaciones favorables, desalineación en habilidades y capacidad institucional.

Agregar velocidad y escala a la transición energética requiere reescribir la cooperación internacional. Esto requiere una evaluación de las funciones y responsabilidades de las entidades nacionales y regionales, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo para garantizar sus contribuciones óptimas a la transición energética. También significa garantizar que los fondos lleguen a los más vulnerables del mundo.

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