España cuenta con un potencial de biometano de 163 TWh, una oportunidad única para la descarbonización y el cumplimiento de los objetivos europeos

De acuerdo con un estudio, elaborado por la Asociación Española del Gas, Sedigas, en colaboración con PwC y la consultora especializada Biovic, España tiene un potencial de producción de biometano de 163 TWh/año, lo que permitiría cubrir alrededor del 45% de la demanda nacional de gas natural. El desarrollo de este potencial habría supuesto un ahorro de hasta 4.000 M€ para los consumidores en 2022. Para producir esta cantidad de biometano serían necesarias más de 2.300 plantas, cuya construcción supondría una inversión de casi 40.500 M€, así como la creación de cerca de 62.000 empleos, entre directos e indirectos, asociados a su operación y mantenimiento.

La oportunidad de que España se convierta en un hub gasista europeo mediante el desarrollo de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde, es cada vez más evidente. En concreto, el biometano se perfila como una de las grandes claves, no solo para la transformación del mix energético a corto plazo, sino también para avanzar hacia la descarbonización de la economía, y así lo ponen de manifiesto los cálculos, absolutamente realistas, del informe “Estudio de la capacidad de producción de biometano en España”, elaborado por la Asociación Española del Gas, Sedigas, en colaboración con PwC y la consultora especializada Biovic.

La principal conclusión de este informes que España cuenta con un potencial de producción de biometano de 163 TWh/año, lo que representan un 43% de la demanda de gas natural en 2021, y un porcentaje algo superior, 45%, de la demanda nacional de gas natural en 2022 (año que la demanda se redujo). El desarrollo de este potencial podría haber supuesto un ahorro de unos 4.000 M€ a los consumidores en su factura energética en 2022, por la reducción de las compras a países terceros.

El análisis llevado a cabo en el marco del estudio actualiza las últimas cifras disponibles, calculadas en 2018 por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que situaban el potencial disponible de biometano entre los 20 y 34 TWh anuales en el año 2030, lo que podría suponer entre un 5% y un 9% de la demanda anual gas. Esta diferencia se debe a que las estimaciones de IDAE no incluyeron ni los cultivos intermedios, ni los residuos forestales y otros biológicos de más difícil aprovechamiento, con un gran potencial, que sí han sido considerados en el estudio. Aún así, el estudio estima un potencial mucho más elevado de los estimado por IDAE, puesto que la parte excluida del potencial estimado por el IDAE, correspondiente a cultivos intermedios, biomasa forestal residual y el biogás de vertedero alcanza los 95,27 TWh/año, lo que supone un 58,5% del total. La parte restante por lo tanto sumaría unos 67,59 TWh/año, notablemente superior a las estimaciones más optimistas del IDAE (20-34 TWh/año)

La materialización del potencial español de producción de biometano supondría, asimismo, un importante impulso al desarrollo socioeconómico local, ya que conllevaría la puesta en marcha de 2.326 plantas especializadas a lo largo de todo el territorio, con una inversión asociada estimada de 40.500 M€ -equivalente al 3,6% del PIB- y la generación de cerca de 62.000 empleos, tanto directos como indirectos, asociados a su operación y mantenimiento.

La importancia del biometano en la transición energética se ha puesto de relevancia especialmente desde el comienzo de la crisis de precios y de suministro derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, el Plan REPowerEU de la Comisión Europea, concebido para acelerar la desconexión de Rusia, le otorga un papel protagonista en la consecución de los objetivos de independencia energética europeos, ampliando hasta los 35.000 millones de metros cúbicos (35 bcm) el objetivo comunitario de producción para 2030, doblando los objetivos definidos en el Fit for 55.

Este enorme potencial, que multiplica por 43 el objetivo de la Hoja de Ruta del Biogás (3,8 TWh/año de biometano), permitiría que España por si sola cubriese el 40% del objetivo del REPowerEU, multiplicando por 3 la parte proporcional que le correspondería a España del objetivo total de dicho plan. Ante estas cifras parece más que lógico que la próxima revisión del PNIEC que el ejecutivo debe enviar a Europa antes del próximo mes de Junio eleve el actual objetivo de 3,8 TWh/año, y desde Sedigas consideran oportuno que este objetivo se eleve en consonancia con los objetivos europeos.

El principal valor de este gas renovable reside en que sus posibilidades de desarrollo son especialmente palpables en sectores de difícil electrificación por la naturaleza de sus actividades y en que permite el aprovechamiento de multitud de residuos, solucionando el problema de gestión existente en España e impulsando, por tanto, la economía circular. Asimismo, se evitaría la emisión de 8,3 Mt de metano que, de otra manera, se liberarían a la atmósfera de forma natural por la descomposición de los residuos reutilizados para generarlo.

En palabras de Joan Batalla, presidente de Sedigas: “Los resultados de este informe ponen de manifiesto la oportunidad que España tiene ante sí para erigirse como una de las principales potencias energéticas de la Unión Europea de la mano de los gases renovables. El biometano es una solución verde y eficiente en costes para avanzar en la descarbonización que podría generar cerca de 62.000 empleos en un ámbito industrial con un potencial enorme en nuestro país. No hay que olvidar que su desarrollo está íntimamente ligado al mundo rural, ya que los residuos ganaderos y agrícolas son una de las principales materias primas para su producción”. “El despliegue de este enorme potencial, no solo aportaría una gran riqueza a la economía nacional, sino que contribuiría a solucionar dos desafíos históricos de nuestro país: la gestión eficiente de los residuos y el reto demográfico en la España vaciada”, añade.

Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha acaparan la mitad del potencial total

Más allá de la oportunidad para España en su conjunto, el estudio también pone el foco en la capacidad potencial de producción de biometano a nivel regional, condicionado por factores como la tipología de residuos disponibles, su cantidad, la densidad de población o la superficie destinada a actividades primarias, entre otros.

En este sentido, Castilla y León lidera el ranking con 37,78 TWh que representan el 23,2% del total. Le siguen Andalucía, con 23,62 TWh (14,5%) y Castilla-La Mancha, con 20,37 TWh (12,5%). Entre las tres, por tanto, acaparan la mitad (50,2%) del total del potencial nacional. El ‘top 5’ lo completan Aragón, con 17,62 TWh y Cataluña, con 14,46 TWh.

Las barreras al despliegue del biometano

Una vez cuantificado el potencial español en la producción de biometano, su despliegue depende ahora de la superación de una serie de barreras.

“En España, el apoyo por parte de las administraciones ha sido prácticamente inexistente, de ahí la notable diferencia en el crecimiento del sector del biometano a nivel de producción y número de plantas en funcionamiento en nuestro país comparado con otros países de la Unión Europea. Si bien es cierto que se están dando los primeros pasos para el progresivo desarrollo de este vector energético (como la aprobación de la Hoja de Ruta del Biogás), y que esto ha llevado a que a día de hoy haya más de 200 proyectos en desarrollo, siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales que están limitando la inversión en nuevas infraestructuras de producción de biometano, reduciendo la penetración de éste en el sector gasista y perjudicando la economía y el empleo de las zonas donde se podrían desarrollar estos proyectos”, añade Batalla, que recuerda que los mecanismos de incentivos gubernamentales introducidos en Francia, Alemania, Dinamarca o Suecia han resultado vitales para potenciar el desarrollo de esta tecnología y para incentivar tanto al inversor como al consumidor.

Entre las principales barreras regulatorias identificadas por Sedigas se incluyen la falta de un marco legal y normativo que regule de forma eficaz y con incentivos y cuotas ambiciosas (y alineadas con el objetivo europeo de que un 10% del consumo de gas sea biometano) esta actividad; la incapacidad de disponer de un acceso competitivo a los residuos; o, un marco normativo y fiscal que sea capaz de regular los usos del biometano que no estén relacionados con aplicaciones estrictamente eléctricas, como sería la inyección en la red gasista.

En este ámbito, Sedigas considera necesario que se modifiquen las normas medioambientales existentes para hacer partícipe al biometano en el cumplimiento de los objetivos en materia de descarbonización del sector energético y otros sectores. Asimismo, apela al desarrollo urgente de una regulación específica que asegure un acceso competitivo a los residuos y que genere señales de precio a los generadores de los mismos, para que valoren de forma adecuada las emisiones evitadas y les permita internalizar los costes.

En cuanto a barreras administrativas, el principal reto a superar es la complejidad para obtener permisos y la demora en los trámites (por la involucración de muchas administraciones y la falta de recursos de estas) que se acaba trasladando a la ejecución de los proyectos, así como la inexistencia de un proceso de tramitación homogéneo a nivel nacional (en la actualidad hay 17 procesos distintos, uno por cada comunidad autónoma). Las medidas propuestas por Sedigas para acelerar la tramitación administrativa incluyen:  la definición de proyectos de interés estratégico para la transición energética y la creación de una oficina coordinadora o de seguimiento de estos en el MITECO; el incremento de los recursos económicos necesarios para la tramitación de expedientes autorizadores; el fomento de la figura de Encomienda de Gestión en materia de medio ambiente y de energía; o, la homogeneización de criterios.

Por último, las principales barreras identificadas en el ámbito económico y fiscal están relacionadas con la ausencia de incentivos específicos de apoyo a la producción, inyección en red y consumo de biometano; los impuestos asociados tanto a la generación (como el que grava el autoconsumo), como al punto de consumo; y, los costes logísticos derivados de la alta dispersión de los residuos. Desde Sedigas se insiste en que el biometano puede ser rentable, pero son necesarias medidas de apoyo para dar seguridad y una señal de precio adecuada al promotor.