La Comisión propone la reforma del mercado de la electricidad de la UE para impulsar las energías renovables, proteger mejor a los consumidores y mejorar la competitividad industrial
La Comisión ha propuesto reformar la configuración del mercado de la electricidad de la UE para acelerar el crecimiento de las energías renovables y la eliminación progresiva del gas, hacer que las facturas de los consumidores dependan menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, proteger mejor a los consumidores frente a futuras subidas drásticas de los precios y posibles manipulaciones del mercado, y lograr que la industria de la UE sea limpia y más competitiva.
Durante más de veinte años, la UE ha tenido un mercado eléctrico eficiente y bien integrado, que: ha permitido a los consumidores aprovecharse de los beneficios económicos de un mercado único de la energía, ha garantizado la seguridad del suministro y ha estimulado el proceso de descarbonización. Pero la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania ha acentuado la necesidad de adaptar rápidamente el mercado eléctrico para apoyar mejor la transición ecológica y ofrecer un acceso generalizado a electricidad no fósil, renovable y asequible, a los consumidores de energía, ya sea hogares o empresas.
La reforma propuesta prevé la revisión de varios actos legislativos de la UE, en particular el Reglamento sobre el Mercado de la Electricidad, la Directiva sobre la Electricidad y el Reglamento sobre la Integridad y la Transparencia del Mercado Mayorista de la Energía (REMIT). La reforma introduce medidas que incentivan los contratos a largo plazo con producción de energía no fósil y se aportan al sistema más soluciones limpias y flexibles para competir con el gas, como la respuesta a la demanda y el almacenamiento. Esto reducirá el impacto de los combustibles fósiles en las facturas de electricidad de los consumidores y garantizará que en ellas se refleje el menor coste de las energías renovables. Además, la reforma propuesta impulsará la competencia abierta y leal en los mercados mayoristas europeos de la energía mediante el aumento de la transparencia y la integridad del mercado.
La construcción de un sistema energético basado en las energías renovables será crucial no solo para reducir las facturas de los consumidores, sino también para garantizar un suministro energético sostenible e independiente para la UE, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU. Esta reforma, que forma parte del Plan Industrial del Pacto Verde, también permitirá a la industria europea tener acceso a un suministro de energía renovable, no fósil y asequible, lo que constituye un factor clave para la descarbonización y la transición ecológica. Para alcanzar los objetivos europeos en materia de energía y clima, tendrá que triplicarse el despliegue renovable para finales de esta década.
Proteger y capacitar a los consumidores
Los precios elevados y volátiles, como los observados en 2022, provocados por la guerra energética de Rusia contra la UE, han supuesto una carga excesiva para los consumidores. Esta propuesta permitirá a los consumidores y a los proveedores beneficiarse de una mayor estabilidad de precios basada en tecnologías renovables y no fósiles. Fundamentalmente, ofrecerá a los consumidores una amplia gama de contratos y una información más clara antes de firmarlos, para que tengan la opción de fijar precios seguros y a largo plazo, y eviten así los riesgos excesivos y la volatilidad. Al mismo tiempo, podrán seguir optando a contratos con fijación dinámica de precios para aprovechar la variabilidad de los precios y utilizar la electricidad cuando ésta sea más barata (por ejemplo, para cargar coches eléctricos o utilizar bombas de calor).
Junto a la ampliación de las posibilidades de elección de los consumidores, la reforma pretende, además, fomentar la estabilidad de los precios al reducir el riesgo de fracaso de los proveedores. La propuesta exige a los proveedores que gestionen sus riesgos de precios al menos en la medida de los volúmenes objeto de contratos fijos, con el fin de estar menos expuestos a las subidas drásticas de precios y a la volatilidad del mercado. Por otra parte, se obliga a los Estados miembros a establecer proveedores de último recurso para que ningún consumidor se quede sin electricidad.
También se refuerza significativamente la protección de los consumidores vulnerables. En el marco de la reforma propuesta, los Estados miembros protegerán de la desconexión a los consumidores vulnerables con pagos atrasados. Asimismo, en caso de crisis, se permite a los Estados miembros hacer extensivos los precios al por menor regulados a los hogares y las pymes.
Con arreglo a la propuesta, también se están renovando las normas sobre el intercambio de energías renovables. Los consumidores podrán invertir en parques eólicos o solares y vender el exceso de electricidad solar de sus tejados a sus vecinos, y no solo a su proveedor. Por ejemplo, los arrendatarios podrán compartir el excedente de energía solar de su tejado con un vecino.
Para mejorar la flexibilidad del sistema energético, los Estados miembros deberán ahora evaluar sus necesidades, establecer objetivos para aumentar la flexibilidad de las energías no fósiles y tener la posibilidad de introducir nuevos sistemas de apoyo, especialmente para la respuesta a la demanda y el almacenamiento. La reforma también permite a los gestores de redes obtener una reducción de la demanda en horas punta. Junto con esta propuesta, la Comisión también ha formulado recomendaciones para los Estados miembros sobre el avance de la innovación, las tecnologías y las capacidades en materia de almacenamiento.
Mejorar la previsibilidad y la estabilidad de los costes de la energía para impulsar la competitividad industrial
En el último año, muchas empresas se han visto gravemente afectadas por la excesiva volatilidad de los precios de la energía. Para mejorar la competitividad de la industria de la UE y reducir su exposición a esta volatilidad, la Comisión propone facilitar el despliegue de contratos a largo plazo más estables, como los contratos de compraventa de energía (PPAs), a través de los cuales las empresas establecen sus propios suministros directos de energía y, de este modo, pueden beneficiarse de los precios más estables de la producción de energía renovable y no fósil. Para hacer frente a los obstáculos actuales, como los riesgos de crédito de los compradores, la reforma obliga a los Estados miembros a garantizar, para los PPAs, la disponibilidad de garantías basadas en el mercado.
Con el fin de proporcionar a los productores de energía unos ingresos estables y proteger a la industria de la volatilidad de los precios, todo el apoyo público a nuevas inversiones en generación inframarginal y sostenida de electricidad renovable y no fósil tendrá que adoptar la forma de contratos por diferencias (CfDs) bidireccionales, mientras que los Estados miembros estarán obligados a canalizar los ingresos excedentarios hacia los consumidores. Además, la reforma impulsará la liquidez de los mercados para los «contratos a plazo», que son contratos a largo plazo que fijan los precios para el futuro. Esto permitirá que la protección contra unos precios excesivamente volátiles se haga extensiva a un mayor número de proveedores y consumidores, y durante períodos de tiempo más largos.
También habrá nuevas obligaciones para facilitar la integración de las renovables en el sistema y mejorar la previsibilidad de la generación. Entre estas figuran las obligaciones de transparencia para los gestores de redes en lo que respecta a la congestión de la red y que los plazos comerciales sean más cercanos al tiempo real.
Por último, para garantizar unos mercados competitivos y una fijación de precios transparente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y los reguladores nacionales tendrán una mayor capacidad para supervisar la integridad y la transparencia del mercado de la energía. En particular, la actualización del Reglamento sobre la Integridad y la Transparencia del Mercado Mayorista de la Energía (REMIT) garantizará una mejor calidad de los datos y reforzará el papel de la ACER en las investigaciones de posibles casos de abuso de mercado de carácter transfronterizo. En general, se avanzará en la protección de los consumidores y de la industria de la UE frente a cualquier abuso de mercado.
